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Derecho de Familia

NUEVA LEY PARA REFORZAR Y ACTUALIZAR LA PROTECCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Todo tipo de violencia ejercida contra la mujer, en razón de género, puede llegar a implicar daños o sufrimientos físicos, psicológicos, sexuales o económicos,- incluidas las amenazas de provocarlos-, la coacción, la privación arbitraria de libertad en la vida pública y/o privada, y merece respuesta por parte de las autoridades y dedicar recursos financieros y humanos adecuados para la aplicación correcta de las políticas integradas así como de las medidas y programas dirigidos a prevenirla y combatirla.

Por esta razón, la Ley 17/2020, de 22 de diciembre amplía, refuerza y actualiza la protección a la víctima y la respuesta a la violencia de género contemplada en la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por el Parlament de Cataluña, considerada como una ley pionera y la más avanzada en lo tocante a la regulación de la violencia contra la mujer, llegando a incluir en su protección los derechos de las mujeres transgénero y cisgénero y de las personas no binarias, con la finalidad de respetar la diversidad de género, incluyendo en el concepto de «mujer» a las niñas y a las adolescentes.

Novedades introducidas, como por ejemplo, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en la vida política, que puede llegar a desalentarlas a participar en la política y restringir su capacidad de influencia en la vida pública, o la violencia institucional, considerada otro de los ámbitos de la violencia machista, y que puede ser realizada por acción o por omisión por parte de las autoridades, del personal público y agentes de cualquier organismo o institución pública, que tenga por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de derechos que reconoce esta ley que aseguren una vida libre de violencia machista, por falta de diligencia debida para abordarla.

Regula las violencias digitales, dada la frecuencia de agresiones machistas que se producen mediante las redes sociales y el uso de todo tipo de dispositivos electrónicos o digitales, como son las suplantaciones de identidad, la publicación de fotografías o vídeos sin consentimiento, por no decir de los insultos y amenazas que por estos medios se vierten y que cada vez son más numerosos.

Especialmente relevante es la inclusión de la definición de «consentimiento sexual» donde se fija como requisito esencial que exista la VOLUNTAD EXPRESA, prestada desde la libertad sexual y dignidad personal de la mujer, que ha de mantenerse vigente durante todo el acto sexual y estar acotada a una o a diversas personas, a unas determinadas prácticas sexuales y a unas determinadas medidas de precaución, tanto ante un embarazo no deseado como ante infecciones de transmisión sexual, de manera que no existirá el consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una práctica sexual sin contar con la voluntad de la mujer, lo que puede hacerle incurrir en delito.

Se amplían los tipos de violencia en el ámbito social y comunitario, comprendiendo el acoso sexual, agresiones sexuales, tráfico de mujeres con fines de explotación sexual u otros en relación al género, mutilación genital femenina, violencia derivada de conflictos armados, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos (abortos selectivos y esterilizaciones forzadas), feminicidios, agresiones por razón de género, vejaciones, tratos degradantes, amenazas y coacciones en el espacio público, restricciones o privaciones de libertad o de acceso a espacios públicos o privados o a actividades laborales, formativas, deportivas, religiosas o lúdicas o restricciones para expresarse sobre su orientación sexual, expresión e identidad de género, expresión política, estética o religiosa, represalias derivadas de discursos y expresiones individuales y colectivos de las mujeres que reclaman el respeto por sus derechos y también expresiones y discursos públicos que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente la hostilidad, la discriminación o la violencia contra las mujeres.

Recoge como formas de violencia machista la física, la psicológica, la sexual, la obstétrica y reproductiva, la económica, la digital, la de segundo orden (contra las personas que ofrecen su apoyo a las víctimas de violencia machista), la vicaria (la que se ejerce contra los hijos/as con el objetivo de provocar un daño psicológico a la madre), y todo acto de violencia contra el entorno afectivo de la mujer, especialmente contra sus hijos/as, dirigido a doblegar su voluntad.

Añade también la obligación de los y las profesionales que atienden de manera directa o indirecta a mujeres que sufren situaciones de violencia, de formarse sobre perspectiva de género, infancia y diversidad para trabajar y atajar los prejuicios y estereotipos aún existentes, garantizando la especialización en profesionales del ámbito público.

La interposición de una denuncia por haber sufrido cualquier forma de violencia machista no ha de verse obstaculizada por factores psicológicos, jurídicos, económicos o comunitarios y la evaluación del riesgo a que está sometida la denunciante ha de ser individualizada, adaptada al tipo o tipos de violencia que sufre (porque puede sufrir más de uno), y basarse en su percepción subjetiva de riesgo, la relación de poder afectiva, de dependencia emocional o económica entre ella y su agresor, su duración, clases de violencia sufridas, con qué apoyo familiar y comunitario cuenta, si ya existen procedimientos judiciales en curso entre ella misma y el denunciado y la existencia de factores de vulnerabilidad y empoderamiento, sin dejar de lado en esta evaluación el riesgo que- por extensión-, estén sufriendo los hijos e hijas de la mujer.

A toda mujer, desde el momento inicial en que acuda a una comisaría a presentar una denuncia, como víctima de cualquier manifestación de violencia machista, y salvo elección particular previa, se le requerirá para ella al colegio de abogados la presencia de un letrado/a para garantizar su asistencia jurídica, que ya habrá recibido una formación adecuada y especializada.

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Mediación Familiar - Corcoba Abogados Terrassa
Derecho de Familia

Un paso más contra la violencia de género

Desgraciadamente, muchos niños y niñas sufren en sus hogares, bien sea como testigos presenciales o directamente a nivel físico y/o psíquico, situaciones de violencia machista y, por ello, en el año 2.015 se incluyó como víctimas de violencia de género a los hijos e hijas menores de edad de las mujeres que sufren este tipo de violencia, como un paso más para su erradicación, en la modificación del artículo 1.2 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Camino de acabar con esta lacra, que deseamos que sea pronto, hemos de dar respuestas adecuadas, agiles, próximas y coordinadas a las necesidades y procesos de las mujeres y de sus hijos/as que sufren o han sufrido situaciones de violencia machista, mediante herramientas como la información, la atención primaria y la atención especializada. Con estos objetivos, el Derecho catalán ha establecido una excepción al ejercicio conjunto de la potestad parental de los progenitores en el artículo 236-8 del Libro segundo del Código civil de Cataluña, consistente en que la asistencia y atención psicológicas a los menores víctimas sólo requerirá del consentimiento del progenitor agraviado por esas situaciones, mientras el otro progenitor – a quien sólo deberá informarse de este hecho-, esté incurso o haya sido condenado por sentencia en una causa penal por haber atentado contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexuales del otro progenitor o de los hijos de ambos, mientras no se extinga la responsabilidad penal.

Cuando se trate de hijos e hijas mayores de 16 años, serán ellos quienes den su consentimiento a recibir asistencia psicológica.

Vigente desde el día 1 de diciembre de 2.020.

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Mediación Familiar - Corcoba Abogados Terrassa
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OBLIGATORIEDAD DE LA SESIÓN INFORMATIVA PREVIA SOBRE MEDIACIÓN

La mediación ayuda a construir el acuerdo y garantiza un trato justo entre padres y madres en el ámbito del Derecho de Familia. Hasta ahora, todos los esfuerzos realizados para dar a conocerla y alentar a las personas para su uso no han sido suficientes. Hay que hacer más y mejor.

La obligatoriedad de acudir a una medida alternativa a la judicial, antes de interponer una demanda, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que no lleve a una decisión vinculante para las partes, ni suponga un retraso sustancial en la vía judicial ni un sobre coste adicional y que no suspenda la prescripción de los correspondientes derechos, tal y como se dice en la sentencia del TJUE C-317/2008, de 18 de marzo de 2.010.

La voluntariedad de la mediación, como uno de sus principios básicos, no es incompatible con la obligatoriedad de asistir a una sesión informativa previa al proceso judicial ni considerar que el hecho de no asistir a ella pueda ser calificada como una conducta contraria a la buena fe procesal, dado que supone rechazar sin fundamento una oportunidad ofrecida por el juzgado para obtener una mejor solución.

La Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del Libro Segundo del Codi Civil de Catalunya relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado, tiene como objetivo fomentar la mediación y evitar que por falta de información y desconocimiento de su existencia como método ahorrativo de costes económicos, emocionales y de tiempo que es, impida a las partes de la posibilidad de que se responsabilicen de la resolución del conflicto que les afecta, asegurando en mayor medida así, el cumplimiento del acuerdo que hayan alcanzado, y opten inicialmente y como única vía posible el litigio judicial. Concretamente, se pretende potenciar su uso en el ámbito de los conflictos familiares, especialmente los que afecten a menores de edad, atendiendo a su interés superior, salvo que esté legalmente excluida.

¿PARA QUÉ SIRVE LA SESIÓN INFORMATIVA PREVIA?

Para informar a las partes del funcionamiento, características y beneficios de la mediación, con el objetivo de que, libremente, puedan analizar y decidir si desean iniciar el proceso de mediación. Se da la posibilidad a las partes para que en la misma sesión previa, se explore el conflicto que las ha llevado hasta aquí, si así lo acordaran y habrá que escucharlas, lo que puede favorecer el ahorro de tiempo, trámites y acercar aún más a las personas afectadas a mediación.

Particularmente, se pretende proteger a los niños y niñas afectados por el conflicto, su interés superior y su derecho a mantener relaciones con sus progenitores y con otros miembros de la familia, acogiendo lo estipulado en el artículo 3 de la Convención sobre los derechos de los niños adoptada por las Naciones Unidas de 1.989 y del artículo 40 del Estatut d’Autonomía de Catalunya.

Habrá de informarse a la autoridad judicial de la falta de asistencia de una o de ambas partes a la sesión informativa previa, tanto si la autoridad judicial ha resuelto derivar a ella durante la litis como si previamente se ha pactado entre las partes el uso de la mediación, previo a instar acciones judiciales.

¿CÓMO FUNCIONA EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL?

Una vez iniciado el proceso judicial, la autoridad judicial, a iniciativa propia o a instancia de una de las partes o de los abogados o de otros profesionales, puede derivar a las partes a una sesión informativa previa sobre mediación, sin coste, a la que habrán de asistir obligatoriamente, asistidas o no de sus respectivos abogados, que estarán presentes si así lo requieren las partes o si así lo dispone la autoridad judicial.

La sesión previa ha de llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes, salvo que la autoridad judicial disponga otro. Si se supera el plazo sin haberla realizado por causas ajenas a las partes, decaerá su obligatoriedad y no se considerará su inasistencia como no justificada.

No se podrá iniciar la sesión previa o ha de interrumpirse una vez iniciada, si se encuentra implicada una mujer u otras personas en situación de desigualdad que hayan sufrido o estén sufriendo cualquier forma de violencia en el ámbito de la pareja o de la familia.

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LOS GRUPOS DE WHATSAPP DE PADRES Y MADRES

¡¡Bienvenidos al nuevo curso escolar y a los grupos de Whatsapp de padres y madres!!

Seguro que pertenecéis a más de uno de estos grupos – y si no, ¡¡al tiempo!!- A saber, el de la clase, el de la actividad extraescolar tal o cual, el de la asociación de padres y madres, el del deporte que practican vuestros hijos, etc, etc…

No os agobiéis y seguid estos consejos básicos:

– Compartid información que sea relevante para todo el grupo.

– Sed prudentes en el envío de fotos virales, vídeos, chistes, cadenas de mensajes de ayuda, emoticonos, gifts…, que no tienen que ver con el tema y que todos recibimos, sea dentro de un grupo o de manera individual. Es fácil caer en ello cuando ya se ha adquirido un mínimo de confianza o ya os habíais conocido de antes con el grupo.

– Que las conversaciones que querráis tener con alguien en concreto del grupo sean en privado. De lo contrario, los mensajes se acumulan y pueden llegar a producir confusión, cansancio al resto e, incluso al propio destinatario/a del mensaje.

– Medid lo que vayáis a escribir para compartir, no sea que luego os arrepintáis o, peor aún, os pueda conllevar algún problema con la Justícia… No es ninguna broma, se ha dado algún caso.

– Respetad horarios nocturnos y de fines de semana (a no ser que se trate de un tema a tratar urgentemente, claro).

– Antes de enviar fotos o vídeos del grupo, aseguraros de que contáis con el acuerdo del resto de padres y madres para su difusión.

– Que el intercambio de información no suponga desquitar de responsabilidades que han de asumir vuestros hijos ni de robarles su espacio.

– Si estáis separados o divorciados, aconsejamos que ambos forméis parte del grupo o grupos para recibir información al día, al margen de quién de vosotros tenga la custodia o de que ésta sea compartida.

¡¡Feliz vuelta al cole!!

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TARJETAS DE CRÉDITO Y VACACIONES

¿Quien no se ha planteado contratar un seguro de accidentes y asistencia en viajes antes de emprender un viaje al extranjero? Muchas tarjetas de crédito incorporan alguna póliza de seguro gratuito que cubre el fallecimiento acaecido durante el viaje, la anulación del viaje por enfermedad, la pérdida o el retraso de equipaje o los gastos médicos, en caso de hospitalización.

No obstante, quizás sí convenga contratar algún seguro extra si, por ejemplo, viajamos fuera de la Unión Europea a países como podría ser a Estados Unidos, cuyos gastos médicos son elevados, o bien si pensamos viajar a países en conflicto o si vamos a practicar deportes de aventura o si pretendemos ausentarnos durante meses, dado que la póliza de seguro de nuestra tarjeta contendrá, como todas, exclusiones, abanico de coberturas y cuantías límites.

Si vamos a viajar en coche, podemos ahorrar en combustible de marcas concretas que tengan convenio con cada banco dentro de España y en algunos casos, también en Portugal.

Cada vez son más los bancos que están incorporando descuentos en servicios hoteleros. Sólo hay que seguir las instrucciones que nos indique la propia entidad y abonar la reserva del alojamiento con la tarjeta del banco en cuestión. Además, y para incentivar su uso, el banco puede ofrecer bonificaciones en vuelos o alquiler de coches.

Si viajamos a un país que utiliza una moneda diferente de la nuestra, comprobemos que nuestra tarjeta de crédito no aplique comisión si la usamos para pagar la cuenta del restaurante, la factura del hotel o compras que hagamos. Y si tuviéramos que sacar dinero durante nuestra estancia en ese país, nos apliquen el cambio real, sin recargos ni costes extra porque cada vez es mayor el número de targetas de crédito que lo posibilitan y nos evitamos sorpresas cuando lleguen los cargos.

Ya que la tenemos, saquémosle el mayor provecho posible.

Buen viaje.

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¿PUEDO IR CON MI PERR@ A LA PLAYA?

La respuesta es sí, siempre y cuando sea una de las 58 playas repartidas entre toda España y que figuran catalogadas en la web www.playasparaperros.info para este año 2017, once de ellas en Cataluña, en segundo lugar, detrás de la Comunidad Valenciana, con 14.

Son los Ayuntamientos de cada municipio los que tienen la potestad de decidir cuáles de sus playas habilitar para la presencia de canes y cuáles, no, en base a la normativa sobre uso, salubridad e higiene, que pasan por – aunque sea obvio-, llevarle controlado, que no moleste a los demás usuarios de la playa, recoger sus excrementos, que lleve incorporado el microchip, que esté al día de las vacunaciones, que llevéis siempre con vosotros su cartilla sanitaria, y, en caso de que esté incluido en uno de los Anexos I y II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, tendrá que ir atado y con bozal.

Vale la pena echar un vistazo a la web que os enlazamos, que actualiza cada año el listado de estas playas, y asegurarnos de que estamos en el lugar correcto, si no queremos exponernos a que nos impongan una sanción de 90 a 1.500€, según la gravedad de la infracción cometida.

Y, si lo lleváis en horas diurnas, no olvidéis de aplicarles el protector solar o de ponerles una camiseta fina, especialmente si vuestr@ peludit@ tiene el pelo blanco, fino o corto.

A disfrutar.

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CUENTAS CORRIENTES SIN SALDO O ABANDONADAS

Es más frecuente de lo que pensamos. Muchas veces nos olvidamos de ellas porque hace tiempo que las abrimos para contratar un depósito o un préstamo o porque pertenecieron a una persona fallecida de nuestro entorno y no supimos de su existencia. Y pueden seguir acumulando dinero.

La normativa vigente considera abandonada una cuenta corriente si durante el plazo de 20 años consecutivos no registra ningún tipo de actividad y el dinero que hubiese en ella pasa al Estado, que lo destinará a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. La cifra recaudada entre los años 2005 a 2015 fue de 83 millones de euros.

El hecho de que la cuenta esté inactiva, aunque su saldo sea de cero euros, no nos libra del pago de comisiones ni exime al banco de ofrecer los servicios de caja que se pactaron en su momento, porque no se considerará abandonada, a efectos legales, hasta el transcurso de los 20 años sin actividad, con lo que podrá seguir generando comisiones. Por ello siempre es mejor que cerremos aquellas cuentas que sabemos que ya no vamos a utilizar o bien abramos cuentas en bancos sin comisiones.

Una vez transcurridos 20 años, ya no nos será posible recuperar el dinero. No obstante, los bancos están obligados a darnos una última oportunidad para que podamos reivindicar la titularidad de estos fondos, a punto de ser declarados como abandonados, avisándonos por correo certificado o medio análogo a nuestro domicilio, para evitar que el dinero existente vaya a parar a las arcas estatales. Así que mantengamos nuestros datos actualizados con los bancos con los que operamos si hacemos algún cambio.

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FAMILIAS RECONSTITUIDAS

Se calcula que casi la mitad de las parejas que se casan se divorcian. Y, de éstas, aproximadamente un 70% vuelven a formalizar una nueva relación de pareja y una nueva familia, quizás incluyendo en ella algún hijo fruto de la relación anterior. Estamos ante lo que llamamos «familia reconstituida».

Formar este tipo de familia es todo un reto porque tanto los padres como los hijos tienen que enfrentarse a ajustes importantes, crear nuevos vínculos y controlar las emociones con habilidad, algo que no está precisamente exento de tensiones. Porque, por un lado, los miembros de la nueva familia aportan una historia y una tradición familiar previas. Si hay niños, convivirán en dos hogares diferentes con sus normas y funcionamiento propios. Por otro lado, hay que generar una red de relaciones familiares muy compleja, pudiendo llegar a implicar a 3 ó 4 familias diferentes, entre las anteriores y las nuevas.

Hay que empezar por consolidar el vínculo de la nueva pareja que se forma. A partir de ahí, tocará definir y reorganizar los roles, dejando bien claro qué corresponde a cada cual, procurando no dejar cabos sueltos que puedan llegar a generar conflictos e incertezas al nuevo grupo familiar.

En cuanto a las relaciones familiares, no hay que intentar ganarse el afecto de los hijos de la pareja a toda costa y de manera inmediata con el argumento «ahora somos una familia». Les podría sonar a imposición y ya sabemos que todo lo que se impone genera rechazo. Como tampoco es aconsejable asumir el papel de «colega» porque se corre el riesgo de entrar en una espiral de chantaje emocional que no favorecería a nadie.

En cuanto a los ex, estarán presentes especialmente si los hijos con los que se convive aún son menores de edad, así que lo mejor es redefinir cuál ha de ser nuestra relación con ellos para evitar posibles hostilidades que puedan llegar a afectarles.

A modo de decálogo:

1. Prestad atención a los sentimientos que pueden sufrir tanto vuestra pareja como los hijos de pérdida, dolo, culpa o celos, derivados de la relación anterior.

2. Dad tiempo a los hijos para adaptarse a la nueva situación. Y dároslo también a vosotros, especialmente, los que no hayáis tenido experiencia en temas de paternidad/maternidad.

3. Generad en los hijos poco a poco el sentimiento de pertenencia a la nueva familia, aprovechando puntos de unión y realizando actividades comunes.

4. Desarrollad un estilo de comunicación que permita a todos los miembros de la familia expresar quejas y críticas constructivas. Que todos podáis hablar así como escuchar y sentiros escuchados. Se trata de ir construyendo.

5. Desarrollad vías para unas relaciones saludables de los niños con el ex cónyuge o ex pareja y sus familias extensas. Nunca seáis un obstáculo para que estas relaciones se lleven a cabo.

6. Hablad y decidid sobre problemas pendientes de la relación anterior y que podrían afectar a la nueva familia.

7. Establecer las normas del nuevo hogar.

8. Ajustad las ideas de crianza con vuestra pareja y sed consecuentes con las normas y la disciplina.

9. Pactar sobre temas como la economía y la vivienda y establecer claramente las aportaciones dinerarias de cada uno que hayan de destinarse a los gastos comunes del nuevo hogar.

10. Crear progresivamente unas relaciones familiares sólidas, atendiendo a las necesidades de los hijos, sin intentar usurpar jamás el papel del otro progenitor. Dejadles bien claro que seguirán teniendo a su padre y a su madre y que vosotros no habéis entrado en la familia a sustituirles.

Sed vosotros mismos en todo momento y dejad que las cosas fluyan.

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LA FIGURA DEL COORDINADOR/A DE PARENTALIDAD

Cuando los padres deciden romper su relación de pareja o de matrimonio jamás han de perder de vista que, a pesar de todo, seguirán siendo una familia, que es la que ellos mismos han formado. Y, como tal familia, harán que sus hijos sigan relacionándose con ellos de manera sana y satisfactoria, encargándose, en condiciones de igualdad, de su cuidado, educación y crianza.

Pero no siempre las situaciones son tan ideales. Por ejemplo, existen casos de familias inmersas durante años en conflictos persistentes, y en aumento aún después de la ruptura, el abuso de sustancias, problemas de salud mental de uno o de ambos progenitores, casos de violencia familiar o de género, o cuando uno de los progenitores intenta impedir o limitar el contacto de los hijos con el otro o bien pretende alterar el vínculo materno o paterno filial,…, que piden la actuación del COORDINADOR/A DE PARENTALIDAD para dejar de seguir arriesgando la salud física y psíquica de los principales y más vulnerables a proteger: los hijos.

En la coordinación de parentalidad un/a profesional, que puede ser experto/a en mediación o psicología terapéutica o educación y trabajo social, tiene como función asistir a progenitores que se encuentren en situaciones de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver sus disputas, educándoles sobre las necesidades de sus hijos y tomando decisiones conforme a lo dictado en sentencia. Se trata de un proceso que se centra en los niños, puesto que guía a los padres a actuar conforme a lo mejor para sus hijos, controla el cumplimento del plan de parentalidad, media y arbitra en caso de controversia, enseña a llevar a cabo la parentalidad positiva, con el objetivo de disminuir el conflicto familiar y pacificar las relaciones entre los miembros de la familia afectada.

Es un servicio que puede venir impuesto por vía judicial, lo que sucede habitualmente en casos de familias con denuncias penales reiterativas entre ellos, o que estén siendo asistidas en centros de ayuda o sociales familiares por su situación. Y, de hecho, está previsto por ley en Cataluña, País Vasco, Galicia, y en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, cuya práctica está dando buenos resultados. Además, los propios progenitores pueden preverlo en documento escrito, como una cláusula más del plan de parentalidad que presenten de mutuo acuerdo.

Sin duda, la existencia de estos profesionales ayuda a descongestionar la sanidad pública así como los juzgados de su carga de trabajo porque su función es incidir directamente en mejorar la calidad de vida de familias en crisis, pacificando el entorno familiar. Y, lo más importante: es de gran ayuda para que los hijos no acaben siendo víctimas por activa y por pasiva de las heridas que provocan sentimientos como el odio, el egoísmo, el ánimo de venganza y la indiferencia.

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STOP BULLYING

El Gobierno quiere implantar en los colegios e institutos de toda España una nueva figura que velará para que no haya conflictos ni acoso escolar. Se trata del mediador o jefe de convivencia, un profesional con dispensa para dedicarse a esta tarea de manera exclusiva y al que estudiantes, padres y profesores puedan acudir si se produce cualquier problema en el entorno escolar.

Este mediador o jefe de convivencia se encargará además de sensibilizar a la comunidad educativa y de garantizar el cumplimiento del protocolo de detección e intervención en casos de violencia, según se recoge en el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, un proyecto que incluye 75 medidas para combatir el bullying y fomentar el respeto en las escuelas.

En algunos colegios de Madrid, Andalucía, Cataluña y País Vasco ya existen alumnos mediadores que han recibido una formación específica para encargarse de interceder en caso de conflicto. Y hemos de decir, por experiencia propia con alumnos a los que hemos formado, que realmente funciona. No obstante, en el Plan se apuesta porque sea una persona adulta la figura de referencia responsable de la convivencia de cada centro y que cuente con el apoyo de una comisión mixta formada por el personal del centro educativo, los padres y los alumnos. No se tratará tan sólo de que actue cuando el conflicto ya se haya producido, sino de prevenirlo, con lo que tendrá que recibir formación sobre conocimientos y compentencias relativas a la convivencia escolar e incrementar las horas de tutorías. También se creará un fondo de becas para que los profesores puedan asistir a congresos nacionales e internacionales sobre este asunto y se realizarán seminarios y cursos en red, a modo de formación continuada.

Uno de los problemas del bullying es que apenas conocemos datos, sea porque no trascienden o porque no se denuncian por miedo a represalias y se sufren en silencio…. El Plan contempla la creación de un registro de casos que permita su estudio por edades, características, motivaciones de las personas implicadas, sean tanto víctimas como agresoras, así como la realización de encuestas y actuaciones tendentes a incrementar el conocimiento de la situación y ofrecer información para cuál sea la actuación a seguir. Será desde el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, ya creado en el año 2007, que se emitirán informes periódicos, de manera parecida a lo que se hace desde el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en su ámbito de actuación.

También el Gobierno quiere crear una red estatal de atención a las víctimas para que los acosados puedan denunciar su caso en primera instancia al colegio, y si no funciona, directamente al gobierno autonómico, de forma que no sean los centros escolares los únicos que tengan la capacidad de elevar el caso a la Administración. Se reforzará la Inspección Educativa para que supervise la convivencia en los centros y para que pueda controlar los planes y los protocolos. Y se desarrollará un marco normativo de convivencia escolar que considere las diferentes realidades autonómicas.

Se trata de evitar lo que nunca ha de suceder.

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